Columna de Daniel Matamala: Nunca más
19 de noviembre de 2022 (La Tercera)
En su célebre alegato en el Juicio a las Juntas, dramatizado en la película «Argentina, 1985», el fiscal Julio Strassera abogó por «fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria; no en la violencia, sino en la justicia».
Argentina tuvo justicia: los principales líderes de su dictadura fueron condenados y encarcelados. Al otro lado de la cordillera, nuestro balance fue más agridulce. Algunos responsables de la represión, partiendo por el siniestro «Mamo» Contreras, fueron a la cárcel. El dictador Pinochet eludió la justicia hasta su muerte, aun al costo de declararse demente y definir su lugar en la historia con un balbuceo penoso: «No me acuerdo, pero no es cierto. No es cierto y si fue cierto, no me acuerdo»
La justicia fue en la medida de lo posible, pero los avances fueron más firmes en el ámbito de la memoria, ese segundo fundamento de la paz que citaba Strassera. Con la Comisión Rettig, el Estado reconoció los miles de asesinatos cometidos por sus agentes, aunque el Ejército respondió, desafiante, que no veía «razón alguna para pedir perdón».
Pero, poco a poco, un consenso nacional se fue abriendo camino. Los 30 años del golpe, en 2003, sirvieron de catarsis colectiva y enmarcaron la creación de la Comisión Valech, que amplió la memoria a las decenas de miles de víctimas de prisión política y tortura. En 2004, el Ejército asumió su responsabilidad como institución «en todos los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado», y comprometió su esfuerzo para que ellos «nunca más vuelvan a repetirse».
«Nunca más», la misma expresión con que Strassera había cerrado su discurso, dos décadas antes.
Chile avanzaba en el consenso sobre un mínimo civilizatorio, y lo afirmaba creando instituciones como el Museo de la Memoria, con un directorio transversal que incluye al expresidente de RN Daniel Platovsky y el exdirector del CEP Arturo Fontaine.
Los 40 años del golpe, por primera vez con un Presidente democrático de derecha, fueron un nuevo paso adelante. Al hablar de los «cómplices pasivos», cerrar ese resort para torturadores que se llamaba Penal Cordillera, y comprometerse a «hacer todo lo que esté a nuestro alcance para avanzar en materia de verdad y reconciliación», el presidente Piñera avanzó en convertir los derechos humanos en un patrimonio de la Nación toda, más allá de izquierdas y derechas.
Una prueba de ese consenso ocurrió en 2018, cuando Mauricio Rojas fue designado ministro de Cultura, y reaparecieron declaraciones en que había descrito al Museo de la Memoria como «un montaje», «una manipulación de la historia» y «un uso desvergonzado y mentiroso de una tragedia nacional». El presidente Piñera aclaró que «no compartimos sus opiniones y declaraciones», y el mismo Rojas se disculpó afirmando que esas palabras «no reflejan mi pensamiento actual». De todos modos, debió renunciar, tras cumplir menos de 100 horas en el cargo.
Por esos mismos días, José Antonio Kast decía, tras visitar el Museo de la Memoria, que le parecía «un buen museo, a un nivel europeo o americano», y que «lo hicieron bien porque está bien documentado, está bien informado», aunque pedía que tuviera «más contexto», para que fuera un museo y no «un memorial».
Esto ocurrió hace solo cuatro años. Y es impactante constatar el retroceso que hemos sufrido desde entonces. Copiando tácticas de la ultraderecha internacional, un grupo de nostálgicos del pinochetismo decidió abandonar el consenso civilizatorio y convertir de nuevo a los derechos humanos en un campo de batalla.
Lo desconcertante es que la derecha supuestamente democrática, autodenominados liberales e incluso parlamentarios de la DC se dejaron arrastrar por esos extremistas. Con esos votos, la Cámara de Diputados rechazó los fondos del Presupuesto 2023 para el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, lo que obligaría al Museo de la Memoria, Villa Grimaldi y Londres 38 a cerrar sus puertas, afectando también a la Corporación Estadio Nacional, Fundación Salvador Allende, y Fundación Eduardo Frei Montalva, entre otras (sí, hubo votos DC por asfixiar a la Fundación Frei. Su bancada lo atribuyó a un «error»).
¿A quién le conviene que el horror sea olvidado? ¿Que los hechos espantosos del pasado se pierdan en una niebla de frivolidad e intrascendencia? Sólo a aquellos que no creen en la democracia, y que pretenden trivializar el espanto que significaría caer de nuevo en un régimen autoritario.
Al pretender borrar el pasado, nos muestran su visión sobre el futuro.
Es que para una sociedad la memoria es un faro hacia el porvenir. En palabras del filósofo Walter Benjamin, la narración sobre los hechos del pasado es la que permite que una nación «constituya a la experiencia como común».
Al hablarnos del pasado, la memoria nos permite construir un futuro común. Como afirma Carlos Peña en su esclarecedor libro «El tiempo de la memoria», «la memoria cultural es un esfuerzo por instaurar una balsa a bordo de la cual las comunidades puedan sobrevivir en medio de la tempestad del tiempo».
Esas tempestades suelen asaltar a los países, con olas gigantes y vientos embravecidos. Hoy vivimos una de ellas, en que el cielo se nubla y nos impide ver con claridad un horizonte común al cual dirigirnos como sociedad.
Es el momento de aferrarnos a nuestra balsa, a nuestra certeza de que tenemos un principio común que estamos resueltos a no romper jamás. Ese principio es la convicción de que la democracia es irrenunciable, y que el Estado nunca, bajo ninguna excusa, puede ejercer la violencia contra sus propios ciudadanos. De que, citando de nuevo a Strassera, «el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral».
Ahora corresponde al Senado pronunciarse. Será la prueba de fuego para saber si este consenso, laboriosamente construido por décadas, sigue en pie, y si la derecha democrática mantiene su compromiso con ese futuro compartido.
Con ese «nunca más» que nos permite seguir juntos en medio de la tempestad.
Columna de Daniel Matamala: Cacofonía
15 de octubre de 2022
Un condenado por homicidio como invitado de honor; gritos y forcejeos; un video manipulado para inventar un escándalo. Esta semana, el Congreso Nacional mostró que la vara podía bajarse aún más.
No es que el nivel fuera demasiado alto antes. Pero, pese a todo el ruido ambiente, al menos estábamos intentando conversar sobre algo: cómo encauzar un estallido, sobrevivir a una pandemia, redactar una Constitución, elegir a un Presidente, decidir en un plebiscito.
Ahora, hasta eso se acabó. Desde el 5 de septiembre no hay un tema, no hay un horizonte.
Sólo una cacofonía espantosa en que todos tratan de gritar más y más fuerte, de llamar la atención causando el peor escándalo, de ser protagonistas bajando aun más la ya rasante vara de inhumanidad y payasadas.
Una coreografía patética, en que las instituciones de la República bailan al ritmo de DJ Pancho Malo.
El oficialismo y Chile Vamos dilatan el acuerdo constitucional: ya no será en octubre, por la muy seria razón de que “octubre huele a octubrismo”. Así, le entregan el protagonismo a la “mesa paralela”. El senador Juan Castro invita a ella a un condenado por homicidio y se escuda en su ignorancia: “no le conozco prontuario”. El autoproclamado “Sheriff” del Congreso no deja pasar la ocasión de hacer su propia escena, gritando fuera de sí y forcejeando con una asesora.
Los mismos que hablaban del “circo” de la Convención se esfuerzan cada día en superarlo. ¿Si algunos convencionales montaron un circo, cómo se llama lo de estos tribunos de la República? Se reciben sugerencias.
Todo esto, sazonado con la mentira como método de acción política. Esta semana, políticos difundieron un video de la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, maliciosamente editado para que pareciera que la ministra estaba relativizando el asesinato de un carabinero, cuando lo que hacía era llamar a testigos del crimen a colaborar con la justicia.
La manipulación era evidente, y el video original fue prontamente subido a las redes, pero no importó. Los excandidatos Parisi y Kast (“el gobierno defendiendo a los asesinos”), la exconvencional Marinovic (“vocera de los delincuentes”), la diputada Jiles, y muchos más, propagaron el bulo con acusaciones altisonantes.
Cuando el asunto ya había sido desmentido hace rato, la exsubsecretaria Katherine Martorell y el expresidente de la DC, Fuad Chahin, se sumaron; este último incluso propuso ¡una acusación constitucional! contra la ministra. Al día siguiente, Chahin rectificó. Otros siguieron y siguen tan campantes. Total, la tarea estaba hecha. El video editado ya era viral en Facebook, TikTok e incontables grupos de WhatsApp.
Los medios de comunicación fallamos. Informamos sobre la “polémica”, e incluso La Tercera tituló con “los traspiés” de la ministra. No estamos haciendo nuestro trabajo como periodistas cuando llamamos “polémicas” a las maquinarias de fake news, “opiniones” a las mentiras, y “controversias” a los engaños. Cuando, en vez de denunciar y exigir cuentas a los políticos responsables de difundir falsedades, los medios pedimos explicaciones a las víctimas de estas campañas de desinformación.
Según Nietzsche, “el mentiroso usa las palabras para hacer que lo irreal aparezca como real”. Es exactamente lo que logran operaciones como esta, y los medios les estamos haciendo mansamente el juego a quienes quieren intoxicar el debate público.
Mientras, el gobierno sigue grogui tras el combo del plebiscito, y en Chile Vamos algunos se entusiasman con darle el golpe de nocaut. Ante la decisión de La Moneda de postergar el depósito del TPP-11, la oposición amenaza con abandonar el proceso constituyente. También anuncian que no aprobarán el presupuesto del transporte público si no renuncia un director de Metro cuestionado por un tuit. ¿Será mucho pedir un mínimo de racionalidad en estas amenazas? ¿O en serio planean dejar sin transporte a millones de personas por un tuit? ¿Creen que eso los prestigia ante la ciudadanía?
Dicen que están pagando con la misma moneda a una izquierda que le negó “la sal y el agua” al gobierno de Piñera, y tienen argumentos para ello. Episodios como la acusación constitucional contra el ministro de Educación, o la insistencia en empujar retiros de fondos con un IFE ya funcionando, fueron algunas de las muestras de irresponsabilidad que dieron desde la oposición quienes hoy ocupan La Moneda.
Pero si Chile Vamos cree que empujando al gobierno al abismo se asegura reemplazarlo, están fantaseando. A la política democrática ya se le acabó el crédito. Se está jugando su último cartucho. Si la élite supuestamente “seria” sigue en este juego hasta 2025, dejará la mesa servida para la autocracia o el populismo. Algunas de sus manifestaciones ya las conocemos: republicanos, Jiles, el PDG (curiosamente, los tres están actuando más unidos que nunca). Pueden surgir otras, más demagógicas, dictatoriales o extremas. Es cosa de echar una mirada al vecindario para hacernos una idea de lo que viene.
Oficialismo y oposición deben dejar de pegarse patadas en las canillas, cerrar el tema constituyente, y definir una agenda de consensos urgentes en temas como delincuencia y pensiones. Deben demostrar a la ciudadanía que la política, ese arte de transformar las demandas populares en políticas públicas eficientes, sí puede funcionar.
Tenemos que encontrar una carta de navegación. Mostrar un horizonte común. Permitir que voces sensatas se escuchen por encima del ruido.
La única salida para no disolvernos en esta cacofonía suicida es volver a conversar. Y ya se nos acaba el tiempo para lograrlo.
Columna de Daniel Matamala: Amateur
17 de septiembre de 2022
En 1919, uno de los padres de la sociología moderna, Max Weber, dio un discurso ante una asamblea de estudiantes en Múnich. El contexto era explosivo: esa ciudad era capital de la fugaz República Socialista de Baviera, en medio de la revolución alemana.
El discurso de Weber luego fue publicado como Politiks als Beruf (“La política como vocación” o “La política como profesión”). Su lectura, un siglo después en Chile, es iluminadora.
Este jueves, los embajadores de Alemania, Arabia Saudita, Bélgica, Israel y Suecia estaban en La Moneda para presentar sus cartas credenciales al Presidente. Intempestivamente, la ministra de Relaciones Exteriores se acercó al embajador israelí para decirle que no sería recibido. La Cancillería explicó después que el desaire se debía a “la sensibilidad política que generó la muerte de un adolescente palestino de 17 años durante una operación del Ejército de Israel”.
¿Antisemitismo, como acusó parte de la Comunidad Judía en Chile y otros países? No. Condenar los crímenes cometidos por Israel en Palestina no tiene nada que ver con la discriminación contra los judíos, tal como condenar las violaciones a los derechos humanos en Irán no es islamofobia. De hecho, la repulsa a los crímenes en Palestina y a la ocupación ilegal de ese territorio por Israel es parte de la política de Estado de Chile, mantenida por gobiernos de derecha e izquierda.
No es un caso de antisemitismo. Es un episodio que, siguiendo a Weber, revela una forma frívola de ejercer la profesión política.
La performance de un amateur.
Decía Weber que un político necesita pasión, y que esa pasión esté al servicio de una causa. Boric, sin duda, la tiene: su pasión por la causa palestina es de sobra conocida. Pero el político también necesita, como cualidad psicológica decisiva, la mesura, esa “capacidad para dejar que la realidad actúe sobre uno sin perder el recogimiento y la tranquilidad, es decir, para guardar la distancia con los hombres y las cosas”.
Para lograr sus fines, “el político tiene que vencer cada día y cada hora a un enemigo muy trivial y demasiado humano, la muy común vanidad, enemiga mortal de toda entrega a una causa y de toda mesura, en este caso de la mesura frente a sí mismo”.
Este jueves, Boric actuó como un activista, no como un Presidente. Indignado, con justa razón, por el asesinato de un adolescente, decidió convertir esa indignación moral en una performance. Es lo que hace un activista, que no tiene más poder que sus convicciones: representarlas en público, esperando que esa performance tenga el doble efecto de humillar al ofensor y movilizar a la opinión pública.
Pero el político, advierte Weber, “está siempre en peligro, tanto de convertirse en un comediante, como de tomar a la ligera la responsabilidad que por las consecuencias de sus actos le incumbe y preocuparse sólo por la impresión que hace”. Actuar con frivolidad “le hace proclive a buscar la apariencia brillante del poder en lugar del poder real”.
Eso hizo Boric el jueves. Usó la apariencia brillante del poder, que le permitió despachar al embajador de Israel de La Moneda, creyendo que con ello salvaba su conciencia, humillaba a un Estado opresor y ayudaba a la causa de los palestinos.
No consideró que, como decía Weber, “generalmente, el resultado final de la acción política guarda una relación absolutamente inadecuada, y frecuentemente incluso paradójica, con su sentido originario”.
Un político de Estado debe actuar como un ajedrecista, no como un performer. Su acción no se agota en la performance, que es un fin en sí misma, sino que debe considerar la complejidad del tablero político, en que su movimiento desatará una serie de respuestas.
Así ocurrió el jueves: la performance presidencial fue tan abrupta y tan poco reflexionada, tan ajena a los cauces de la diplomacia, que causó un efecto inverso al buscado. A las pocas horas, Chile debió excusarse ante Israel, y el embajador se dio el lujo de declarar, a las puertas de la Cancillería, que Chile se había disculpado “repetidas veces”. Aun después de ello, el gobierno de Israel dejó en claro que “ve con severidad el comportamiento desconcertante y sin precedentes de Chile”, y que el desaire “perjudica gravemente” la relación bilateral.
Israel salió fortalecido, tras recibir múltiples apoyos internacionales. El victimario quedó convertido en víctima. Chile, al contrario, quedó debilitado. La única posibilidad de que un país pequeño como el nuestro tiene de influir en asuntos como el conflicto israelí-palestino es a través de la cooperación internacional. Para eso, debemos ser vistos como un país serio y confiable, con objetivos y estrategias claras, todo lo contrario de lo que mostramos este jueves.
Si Boric esperaba hacer recapacitar a Israel, logró lo contrario. Su desaire no salvará ninguna vida en Palestina. Solo reduce la estatura de nuestro país para perseguir nuestros objetivos, como la defensa de los derechos humanos.
Pero, más allá de este incidente, lo más preocupante es lo que este revela sobre el Presidente. La ética de la responsabilidad, que Max Weber exige a quien ha tomado la política como su profesión, “ordena tener en cuenta las consecuencias previsibles de la propia acción”. Tal vez Boric se haya sentido bien con su propia conciencia ese jueves, pero, volviendo a Weber, “quien busca la salvación de su alma y la de los demás, que no la busque por el camino de la política”.
No se trata de olvidar los principios, sino de perseguirlos con inteligencia. “La ética de la responsabilidad y la ética de la convicción no son términos absolutamente opuestos, sino elementos complementarios que han de concurrir para formar al hombre que puede tener vocación política”.
Al comportarse como performer y no como ajedrecista; al encandilarse con la apariencia brillante del poder en vez de aprender a usar el poder real; al comportarse con vanidad y sin mesura, el Presidente no actuó como un profesional de la política.
Actuó como un simple amateur.
Columna de Daniel Matamala: Derechos y humanos
14 de diciembre de 2020
https://conectadosconlamemoria.cl/columna-de-daniel-matamala-derechos-y-humanos/
“Los argentinos somos derechos y humanos”. Esa frase se imprimió en 250 mil autoadhesivos repartidos por la dictadura argentina para el mundial de fútbol de 1978. Mientras organismos de derechos humanos intentaban crear conciencia sobre los torturados y desaparecidos, el régimen de Videla respondía reduciendo el horror a un juego de palabras ingenioso.
El repertorio a este lado de la cordillera era similar. Ignorar, minimizar, ridiculizar. “Yo no conozco eso de los derechos humanos. ¿Qué es eso?”, preguntaba con su tono ladino Pinochet, para deleite de sus fans. O bien: “Los derechos humanos son una invención muy sabia de los marxistas”. O incluso: “La única solución para el problema de los derechos humanos es el olvido”.
Tras la dictadura, adoptamos el “nunca más” como una norma mínima de convivencia. Nunca más justificar. Nunca más ocultar. Nunca más banalizar los secuestros, las torturas, las mutilaciones, los asesinatos, las desapariciones agrupadas bajo esa expresión que dice tanto y a la vez tan poco: “Violaciones a los derechos humanos”.
Pinochet murió un 10 de diciembre, precisamente el Día Internacional de los Derechos Humanos. Este jueves, la efeméride se celebró con un discurso del Presidente Piñera. Entre sus 1.176 palabras no hubo una sola para referirse a las graves violaciones constatadas durante el último año en Chile por organismos como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, Human Rights Watch, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas o Amnistía Internacional.
El INDH cuenta, desde octubre de 2019, 3.023 víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado, entre ellos 621 mujeres, y 468 niñas, niños y adolescentes. Ciento 63 son víctimas de trauma ocular, 32 de ellas con pérdida de visión irreversible. El INDH ha presentado 1.730 querellas por apremios ilegítimos, 460 por torturas y 35 por homicidio frustrado, cometidos en su gran mayoría por carabineros.
El discurso del Jefe de Estado, principal encargado de la protección de esos derechos en nuestra República, sólo se refirió a toda esa brutalidad como “los hechos de fines del año pasado”.
A la mañana siguiente, finalmente una alta autoridad del Estado denunció “graves atropellos a los derechos humanos”. No por los baleados ni los mutilados, sino por la quema de cuatro buses. El intendente Felipe Guevara calificó esos incendios como “graves atropellos a los derechos humanos por parte de estos delincuentes”. Luego repitió el concepto: “Condenar con mucha fuerza estos atropellos a los derechos humanos, en el día de ayer, justamente en el día que se conmemora el aniversario de la declaración universal de los derechos humanos del año 48”.
Lo que dijo Guevara es una aberración. La violación a los derechos humanos es, según nuestra legislación y según tratados internacionales que Chile se ha comprometido a respetar, la acción de agentes del Estado (o de agentes paraestatales con un poder similar) contra los ciudadanos. No de unos delincuentes contra micros.